La censura del PPSOE

Parte esencial de la democracia es la existencia de líneas rojas que el Estado no puede traspasar, que pertenecen a la esfera de la libre decisión de los individuos, las organizaciones o las empresas. Una de esas líneas rojas es la libre expresión e información. Si hay algo que los inventores de la democracia percibieron con meridiana claridad es que el control por parte del Estado de la información era incompatible con una sociedad libre.

Pero eso no va con los partidos que conforman el duopolio político que padecemos en España. PP y PSOE tiraron al cesto de los papeles el dictamen del Consejo de Estado sobre la reforma de la Ley Electoral y optaron por mantener un sistema cuya única virtud es convertirlos en los beneficiarios de la injusta discriminación que padecen los votantes de los demás partidos nacionales (no así los de los partidos nacionalistas). No contentos con esto, se han puesto de acuerdo para votar en el Congreso la prohibición de que las televisiones privadas hablen de UPyD.

No lo han dicho así, claro. Han legislado que las cadenas privadas tienen que seguir obligatoriamente, en la información electoral, el mismo criterio que las públicas, o sea, repartir el tiempo en proporción a la presencia que cada partido tenga en las instituciones objeto de la elección, lo que ha obligado a la Junta Electoral Central a dar las oportunas instrucciones al respecto. Lo que implica que, en las elecciones de mayo, estará prohibido informar de partidos que en las anteriores municipales y autonómicas no presentaron candidaturas (por ejemplo, como es el caso de UPyD, porque no existían). Y eso con independencia del interés informativo que puedan tener, a juicio de los profesionales de la información, los actos, propuestas o candidatos de los partidos minoritarios. Hay que añadir la costumbre de PP y PSOE de impedir a los medios acudir a sus mítines con sus propias cámaras, con lo que se obliga a las televisiones públicas y privadas a emitir las imágenes que ellos mismos proporcionen y se convierte la información electoral en spots gratuitos de los partidos.

Lo gracioso del caso es que esta mordaza no parecía muy necesaria, porque las principales cadenas de televisión ya parecían habérsela autoaplicado. Lo realmente terrible es que el Estado pueda decidir sobre qué partidos pueden informar, y en qué medida, las televisiones privadas. Más terrible todavía: si el Congreso puede dictar a las televisiones el tiempo que dedican a cada partido y los partidos pueden dictar qué imágenes emiten, ¿por qué no también a las emisoras de radio y los diarios en papel? Y, ya puestos, ¿por qué no a los medios digitales, a esa Internet a la que parecen temer más que a un nublado?

Aunque es algo sabido, nunca está de más constatar de nuevo una de las principales lacras de la política española: que la dificultad de los dos partidos grandes para llegar a acuerdos de Estado es inversamente proporcional a la facilidad con la que se entienden a la hora de blindar su oligopolio político frente a cualquier alternativa, aunque sea a base de recortar derechos y libertades fundamentales.