Parece que el Gobierno (y el partido que lo apoya) y el principal partido de la oposición se han puesto de acuerdo en decretar la omertà, es decir, la ley del silencio. Las consecuencias de una gestión irresponsable de las Cajas de Ahorros las pagamos los ciudadanos. A cambio, se nos intenta privar de nuestro derecho a saber la verdad y a exigir responsabilidades. Es la última manifestación del pacto de hierro inmovilista del bipartito que se reparte el poder político en España. Resulta particularmente patética la negativa del ya exgobernador del Banco de España a decir una palabra sobre la crisis bancaria. La razón alegada para correr un tupido velo sobre el origen de una crisis que nos cuesta a los ciudadanos una fortuna es preservar la poca credibilidad que nos quede como país. Como si no fueran precisamente la falta de transparencia e incluso la mentira sistemática lo que ha arruinado esa credibilidad y nos ha convertido en un país intervenido de facto. Es más bien lo contrario. Se sacrifica de nuevo nuestra credibilidad como país para ocultar las responsabilidades de quienes irresponsable y quizá delictivamente nos han arrastrado a esta situación. Y mientras tanto, los contribuyentes, ¿a pagar y callar? Pues va a ser que no.


Llevamos mucho tiempo durmiendo con las mismas sábanas. hay que lavarlas y airear el dormitorio.