El viernes 14 de octubre de 1977 fue un día histórico. El Congreso de los Diputados debatió la proposición de Ley de Amnistía, presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios de Unión de Centro Democrático, Socialista del Congreso, Comunista, de la Minoría Vasco-Catalana, Mixto y Socialistes de Catalunya. El resultado de la votación fue: 317 votos emitidos, 296 afirmativos, 2 negativos, 18 abstenciones y 1 nulo. Consta en el diario de sesiones que el resultado fue celebrado con “fuertes y prolongados aplausos de los señores Diputados puestos en pie”. La Ley entró en vigor el 17 de octubre de 1977, día en que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, firmada por el Rey Juan Carlos y el Presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil.

La Ley establecía que quedaban amnistiados “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis”, más “todos los actos de la misma naturaleza” realizados entre dicha fecha y el 15 de junio de 1977 “cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España”, así como “todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad” realizados hasta el 6 de octubre de 1977 “siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas”.

Dicha Ley es uno de los dos pilares de nuestra democracia. Si el otro, la Constitución de 1978, es su pilar jurídico, la Ley de Amnistía es su pilar moral. Al amnistiar todos los actos de intencionalidad política “cualquiera que fuese su resultado” los representantes elegidos por los españoles estaban firmando, 41 años después del infausto verano del 36, un tratado de paz entre los españoles de todas las tendencias políticas que apostaban por un régimen democrático de convivencia. La guerra había terminado.
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