Estamos en medio de algo muy serio. Por primera vez desde que hay democracia en España se ha decretado un estado de alarma. Pero hay algo más serio todavía: ese estado de alarma se ha decretado sin que se den los supuestos legalmente previstos (me remito, para no repetirme, a la entrada Una alarma muy alarmante). ¿Y qué ha sucedido? Nada. No ha pasado nada. Sólo tres partidos minoritarios (UPyD, IU y BNG) se han dignado a plantear una cuestión tan fundamental como la legalidad de tan grave medida. Los demás, sencillamente, se han limitado a eludir la cuestión.

El argumento (por llamarlo de alguna manera) del partido del gobierno y sus incondicionales ha sido que la situación era muy grave y no había otra manera de restablecer la normalidad. Punto. No se han molestado en intentar rebatir las razones por las que prestigiosos expertos en derecho constitucional han denunciado la ilegalidad de la medida. Mucho menos en analizar las posibles consecuencias de que el decreto de estado de alarma sea declarado nulo por los tribunales. A los argumentos constitucionales y legales, el Gobierno se limita contraponer la máxima de que el fin justifica los medios. En cuanto a las consecuencias que pueda tener la ilegalidad de su declaración, no parece que le preocupen en lo más mínimo. Ya improvisará algo cuando llegue el momento. Ahora lo que toca es sacar pecho y alardear de gónadas. Como en el caso del GAL, se trata de imponer el falso dilema, maniqueo y demagógico, entre apoyar todo lo que el gobierno decida, sea o no legal, o ser cómplice de los malos. En tiempos de Aznar, se denunció que unos inmigrantes irregulares expulsados de España habían sido drogados contra su voluntad. Se trataba de una presunta violación grave de la legislación española en materia de Derechos Humanos. Aznar ni siquiera intentó desmentir la información o justificar legalmente la medida. Toda su explicación se redujo a un lacónico “había un problema y se ha resuelto”. Y ya ven, ha sentado cátedra.
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